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Peniley Ramírez
Peniley Ramírez
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Con 32 años y experta en temas de seguridad, corrupción, derechos humanos y migración, Peniley Ramírez ha sido colaboradora de varios medios, tanto impresos como digitales. Además de su espacio en esta casa editorial, la periodista expresa sus opiniones a través de su cuenta de Twitter @penileyramirez, en donde suele tener interacción con sus lectores”

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06 Diciembre 2019 04:04:00
La ministra de Romo
Margarita Ríos-Farjat omitió algunos detalles en su declaración patrimonial como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), antes de que la propusieran -y ayer la eligieran- como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese documento, ella aceptó que había sido “asesora jurídica independiente” entre 2011 y noviembre de 2018, unos días antes de ocupar su puesto en el Gobierno obradorista. Lo que no dijo es que en ese tiempo fue abogada externa de Vector Casa de Bolsa, una compañía de Alfonso Romo, actual jefe de la Oficina de la Presidencia.

En su perfil público en la página del SAT, Ríos-Farjat anunció que había publicado el artículo Las Casas de Bolsa y la Contratación por Medio de Firma Electrónica en la Revista Pauta. En efecto, allí aparece el artículo, firmado por ella en 2017. La reseña biográfica de esa publicación anuncia que Ríos-Farjat era “abogada externa para Vector Casa de Bolsa para este y otros temas”.

Esa breve reseña curricular incluye otro vínculo de Ríos-Farjat con Romo. Dice también que ella forma parte de la Coalición Anticorrupción (Nuevo León), un conjunto de organismos de la sociedad civil que también es integrado por la Universidad Metropolitana de Monterrey, propiedad de la familia Romo, de la cual Alfonso Romo es presidente honorario.

La relación de Ríos-Farjat con la Universidad de los Romo no es solo incidental. En su biografía ella anuncia que dirigió una cátedra allí, pero este empleo tampoco fue mencionado en su declaración patrimonial. La oficina de prensa del SAT no respondió a una solicitud de entrevista.

Fuentes que participaron en el proceso de selección de funcionarios para el Gobierno obradorista y que ahora están en el Senado dijeron que el propio Romo cabildeó para que Ríos-Farjat fuera al SAT. La Oficina de la Presidencia no respondió a una solicitud de entrevista con Romo.

El primer secretario de Hacienda de la administración obradorista, Carlos Urzúa, dijo para esta columna que durante la transición de gobierno se contemplaron otros nombres de especialistas en impuestos para la jefatura del SAT, con perfiles más experimentados.
“Ella no tenía ninguna experiencia a nivel directivo en la recaudación de impuestos y la prueba es que para nombrarla tuvieron que cambiar la ley”, dijo Urzúa.

En efecto, cambiaron la ley. El 5 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación a la Ley del SAT que eliminaba el requisito para que su jefa tuviera experiencia directiva en administración, aduanas y recaudación de impuestos. En cambio, solo requería estudios en materia fiscal y aduanera. El mismo día cuando se publicó el cambio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Ríos-Farjat sería la jefa del SAT.

A juzgar por los números, la falta de experiencia ha jugado su papel. Cifras oficiales de Hacienda, al cierre de octubre de 2019, muestran que el SAT a cargo de Ríos-Farjat recaudó 74 mil millones de pesos menos de lo que habían programado en la Ley de Ingresos para este año. Esto significa que la actual Administración no recaudó en los primeros 10 meses el equivalente a todo el presupuesto del Ejército o tres veces el presupuesto de la Marina.

Fuentes del Gobierno y el Senado coincidieron en que hay una fuerte preocupación en el Gobierno por la baja en la recaudación, un dinero que necesitan para financiar los programas sociales.

“Por eso son las reformas a las factureras y todo eso, con la esperanza de que repunte la recaudación”, dijo una fuente involucrada con el proceso, que solicitó anonimato.

No es claro para estas fuentes por qué una fracción de Morena cabildeó, con senadores del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, para que Ríos-Farjat llegara a la Corte. Pero coinciden en algo: hay alivio en Palacio Nacional. Una nueva jefatura llegará al SAT, mientras el Presidente no abandona un compromiso con su jefe de oficina. Lo que suceda en la Corte, ya lo contaremos después.
22 Noviembre 2019 04:08:00
El operativo que incendió Nuevo Laredo
Los videos se hicieron virales. Nuevo Laredo, el puerto fronterizo más importante de México, aparecía incendiado y con narcobloqueos. Era el 15 de noviembre. Unas horas antes, se publicaron en redes sociales otras imágenes: los cuerpos de seis civiles con partes destrozadas. Las autoridades anunciaron que era un enfrentamiento, y que un militar había fallecido.

La Tropa del Infierno, el grupo armado al servicio de quienes la policía identifica como el cártel del Noreste (CDN), anunció que la ciudad en llamas era su respuesta. Era el capítulo más reciente de una escalada de violencia en Nuevo Laredo.

“Estaba todo tranquilo, nomás llegaron ellos y empezó a verse más feo aquí”, dice Kassandra Treviño, hija de un hombre asesinado en septiembre por policías estatales, según su testimonio. Con “ellos” se refiere a los policías.

Fuentes de seguridad y víctimas dicen que la violencia reciente inició luego de que la Marina fue retirada de Tamaulipas un año atrás, después de que instancias de derechos humanos comenzaron a investigar más de 30 desapariciones forzadas imputadas a sus miembros.

En el primer semestre de 2019, según dos fuentes de seguridad, comenzó en la zona un reacomodo por el control de los municipios fronterizos de Mier y Miguel Alemán. El CDN, con el control de Nuevo Laredo, avanzaba hacia allá, con la resistencia del cártel del Golfo, con presencia en Matamoros y Reynosa.

Aumentaron los operativos de la Policía Estatal y de operaciones especiales. En julio, llegaron a Nuevo Laredo. Un mes después, cayó un joven que trabajaba para la Tropa, conocido localmente como “Juanito Pistolas”. La violencia subió de nivel.

Unos días más tarde, según familiares, policías estatales ejecutaron una masacre contra ocho civiles. Uno fue Severiano Treviño, padre de Kassandra. “A las 7 de la mañana llegaron, tumbando la puerta y empezaron a gritar”, cuenta ella.

Severiano fue obligado a vestirse como militar, torturado y asesinado. A ella la sacaron, con su hija de dos años. “Me dicen que no volteara porque me iban a dar un balazo por atrás”, cuenta. Esa noche supo que había otros siete cuerpos en su casa, vestidos de militares, de personas a quienes, dice, nunca había visto.

Una era Jennifer Romero, sobrina de Carlos Ramírez, un sacerdote. Había llegado a Tamaulipas tres días antes, con su novio. Los cuerpos de varios de los asesinados tenían signos de tortura. “Mi sobrina dio negativo en la prueba de pólvora y tenía un tiro en la cabeza, ella no era ninguna delincuente”, dice Ramírez.

El caso llevó a la detención de dos policías y al repliegue de las fuerzas especiales de Tamaulipas de los operativos. Aumentó la presencia del Ejército. Pero desde la Ciudad de México, dijeron dos fuentes, las instrucciones eran “evitar
enfrentamientos”.

“Los militares patrullan donde saben que no hay nada, donde no se los van a encontrar”, dijo una fuente local, que pidió anonimato, por miedo. El repliegue, dicen, se volvió más obvio después del operativo de octubre, en el que Ovidio Guzmán fue liberado en
Culiacán.

Otros consideran que en esta crisis hay una disputa política. “El Gobernador necesita asegurar Nuevo Laredo y quitarle toda posibilidad a Morena; necesita crear una guerra y salir triunfador de esa guerra”, dijo Raymundo Ramos, activista local.

La posición del Gobierno estatal es directa: “Es nuestra petición al Gobierno federal que nos permita seguir trabajando con corporaciones federales y hacer uso de la inteligencia policial”, dijo para esta columna Luis Alberto Rodríguez, vocero de Seguridad estatal.
Ahora las víctimas de septiembre piden que la Fiscalía federal atraiga el expediente y que en los próximos meses la Comisión Nacional de Derechos Humanos publique recomendaciones sobre el caso de septiembre y el de la Marina en 2018.

“Casi no duermo, mi niña tampoco”, dice Kassandra. Es una de las pocas en Tamaulipas que se atreve a que se le cite con su nombre.
08 Noviembre 2019 04:04:00
Los 13 desaparecidos que detuvo la policía de Cuitláhuac en Veracruz
Ya vamos para la casa, mamá. Estamos saliendo de la comandancia– dijo Luisa Carrera al teléfono. Luego vino el silencio. La llamada seguía conectada, pero no se oía ningún ruido ni voz. Era la noche del 26 de octubre de 2019. Horas antes, Luisa pidió a su madre que cuidara a sus dos niños. “Tienen detenido a Joel”, le contó. Fue a la comandancia en Ixtaczoquitlán, pueblo cercano a Orizaba, en Veracruz.

Joel Reyes, comerciante de ropa, había sido detenido por policías municipales. Iba en un taxi a Fortín, a dejar la mercancía para el tianguis del domingo. Lo acompañaban Daniel García, Humberto Gil y Ricardo Montesinos, tres de sus empleados. Acusaron al taxista por una falta de tránsito. Los llevaron a todos y los ficharon.

Luisa llamó a su abogado. Horas más tarde, pagaron una fianza. En los videos de seguridad, los detenidos y quienes acudieron en su auxilio se ven hablando afuera de la comandancia, cerca de las 21:30 horas. “El video está editado”, dicen los familiares. Añaden que no se ve cuando se van, está cortado en varias partes y les impidieron ver las cámaras de otros ángulos de la escena.

–A esa hora mi hijo me habló. Me dijo que nomás estaban firmando unos papeles y se venían– dijo Joel padre. Nunca llegaron a casa. Fueron secuestrados metros más adelante. Las familias hallaron la camioneta donde iban en un corralón municipal.

Es el tercer caso documentado de desapariciones en Ixtazcoquitlán después de haber sido detenidos por policías municipales y estatales, en menos de seis meses. Las familias se amontonan al teléfono: soy Joel, padre de Joel y Jorge, de 43 y 41 años. Soy Belén, su hermana. Soy Victoria, mamá de Luisa, de 30 años. Soy Carla, esposa de Ricardo, de 20 años. Soy Daniel, padre de Daniel, de 25. Soy Angélica, madre de Fernando, de 18.

El 6 de abril, Luis Daniel González, de 27 años, quien lavaba camiones en la estación local de autobuses, Francisco Arellano y otro conocido, fueron detenidos por beber en un coche. Los llevaron a la comandancia.

No han regresado.
Fernando Trejo, Ciro Álvarez y Martín Flores desaparecieron el 8 de octubre. La madre de Fernando, Angélica Aguilar, cuenta que varios testigos escucharon cómo ordenaban por radio a los policías que pararan la camioneta donde iba su hijo. Tampoco han vuelto. –Operan igual. Acuden, pagan y a unos metros son levantados– dice Belén Reyes.

Las familias atribuyen a Octavio Pérez, director de Gobernación Municipal, haber ordenado las desapariciones. Él dijo para esta columna que la policía solo depende de él en el ámbito administrativo y no operativo, que las imputaciones le están causando un gran daño a su familia, que niega haber ordenado alguna desaparición y que se ha sumado como institución al esclarecimiento del caso.

El gobernador Cuitláhuac García anunció investigaciones. La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una queja por desaparición forzada. Las autoridades a quienes las familias acusan siguen en sus puestos y con acceso a la investigación, reclaman ellos. Pérez añadió que el Municipio ya entregó los videos completos, sin editar.

La hermana de Joel y Jorge, asegura que sus hermanos pagaban derecho de piso a un grupo criminal para poder vender en los tianguis y no tenían otra relación con el crimen. –Ya ni mandaban a nadie a cobrar. Nos dieron un número de tarjeta y ahí les depositamos. Tenemos que pagar para que nos den permiso de ganarnos el pan de cada día– dijo.

Durante dos semanas, han visto el teléfono de su hermano conectado a WhatsApp. Las familias aseguran que las autoridades han demorado diligencias para localizarlo por GPS y obtener los registros de llamadas. La Fiscalía dice que no darán entrevistas.

Inquiero a todos qué opinan de la actuación oficial. “Nos preguntan si andaban en malos pasos, si tenían amantes. Los malos mandan aquí, todo es una vil corrupción, siempre desaparece gente”, responden. Mientras, hablan de los suyos en presente, cuentan los días, las horas que han pasado sin respuestas.
01 Noviembre 2019 04:07:00
El Gobierno, el Ejército y las deudas por pagar
Para JE y Tago, por que crezcan en un mundo más justo.

Micaela Cabañas tenía menos de dos meses cuando el Ejército se la llevó de su casa al Campo Militar Número Uno, en noviembre de 1974. Un mes más tarde mataron a su padre, el profesor Lucio Cabañas. Aprendió a caminar, a hablar, siendo una desaparecida, una de nadie sabe cuántas víctimas de abusos del Ejército, del Gobierno mexicano.

Pasaron 37 años hasta que mataron a su madre, cuando salía de un templo, en 2011. El Gobierno dijo que era un ajuste de cuentas del narco. Ella dice que su madre era una testigo privilegiada de una historia que el Gobierno quería, quiere, ignorar. Dice que por eso era útil su muerte.

María Antonia, su prima, perdió a su padre cuando tenía ocho meses. Fue desaparecido, su familia perseguida, ella misma, a los 3 años, violada por militares.

Los registros de estos y otros cientos de casos están organizados, nombre por nombre, en Lecumberri y otros archivos. Los halló Camilo Vicente, el único historiador que ha logrado demostrar que la desaparición forzada en México fue, ha sido, una violación sistemática desde el Estado.

Vicente encontró los partes de traslados de cárceles legales a ilegales, las actas de liberación que jueces firmaban para decir que un detenido no estaba muerto, se había ido por su cuenta. Halló también las guías de interrogatorios, las pruebas de que la desaparición forzada transcurría los mismos cauces de presupuesto y burocracia, como otro trámite estatal. Los reseñó en su libro Tiempo Suspendido, que acaba de publicarse y presenta la visión -desde el archivo oficial- más cruda y jamás mostrada de los abusos contemporáneos del Gobierno.

En febrero de este año, la familia Cabañas recibió una disculpa pública, como parte de un reconocimiento general del Estado a las víctimas de la guerra sucia, en Atoyac. Pero ellos dicen que no sirvió de nada. Su plan de reparación del daño ha sido ignorado, la ayuda prometida para alimentos, para recuperar su patrimonio, para tener medicinas, que les corresponde como víctimas, no ha llegado. Lo cuentan por teléfono en largas entrevistas María Antonia y Micaela, diciendo que se sienten engañadas, usadas, revictimizadas, que el mismo Ejército que es cuestionado hoy en México por la actuación contra el crimen organizado arrasó sus casas, sus vidas, que siguen impunes.

Micaela dice que su padre gestó el programa que tiene hoy este Gobierno, que sus propuestas están en los postulados que dejó. Dice que ella quiere hablarle a la cara al Presidente, decirle que se siente igual de víctima, igual de abandonada que en los gobiernos que antes combatió, que ella vivía ilusionada con la victoria democrática de la izquierda, que esto le duele más.

“Teníamos la esperanza de que por fin nos den un poco de justicia”, dice Micaela. Pero no sucedió. “Nos engañaron”, secunda María Antonia. “Queremos exigir”, dicen las dos. Y convocan a manifestaciones en Atoyac y la Ciudad de México este 2 de noviembre. Con velas, para honrar a sus desaparecidos. No con armas, con abrazos, los mismos abrazos que se les han colgado en los brazos durante más de 40 años. Sin una verdad, sin saber qué les hicieron, sin que el Gobierno que anhelaban los reciba siquiera para una audiencia.

Les piden papeles y papeles, y nada. “Estoy enferma de tanto estrés”, dice Micaela. “Tengo una enfermedad en los huesos por vivir tanto tiempo con miedo”, dice María Antonia.

En el libro de Vicente, muchas otras voces cuentan historias similares. Y el Gobierno federal hoy sigue embromado en su burocracia, sin respuestas, sin ayudas reales, siendo más de lo mismo.
25 Octubre 2019 04:04:00
La aspirante a comisionada de víctimas que ya despacha allí
Habían pasado unos días desde que el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, renunciara a su puesto. Era junio de 2019. Varios colaboradores renunciaron después. Luego lo hicieron los directores generales de asuntos jurídicos, administración y finanzas.

La Comisión, acéfala, siguió operando como pudo en la atención a sus más de 15 mil casos. Se inició entonces el proceso para que el Senado elija un nuevo comisionado, a partir de una terna propuesta por Gobernación.

En medio del caos, Gobernación comisionó a María de los Ángeles Haces a trabajar desde la CEAV, para elaborar un “diagnóstico” de la institución. Haces se instaló en una oficina del piso 10, donde despachaba el comisionado. Comenzó a hablar con el personal y las víctimas. Al mismo tiempo, ella presentaba una propuesta de trabajo con la cual contendía como aspirante a encabezar la CEAV, es decir, la misma oficina donde ya despacha.

Había, en el proceso de selección, otros 25 contendientes, que enviaron sus documentos a la misma oficina donde Haces es empleada: la Dirección General de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de Gobernación. Todos fueron catalogados con números de apoyos recibidos de universidades, organizaciones no gubernamentales, colectivos de víctimas y expertos.

Hubo tres que tuvieron 105, 78 y 60 apoyos. Pero en Gobernación eligieron una terna, en la que no incluyeron a estos, sino a tres aspirantes que tenían 1, 12 y 35 apoyos. La última correspondía, ya usted habrá adivinado, a Haces. Ahora el Senado deberá decidir a quién nombra.

“Esa misma oficina manda a su candidata, conociendo la información que mandaron todos los candidatos y la colocan allí en CEAV desde meses antes de terminar el proceso”, dijo Valentina Peralta, de la Red Eslabones por los Derechos Humanos.

Para Haces esto no es un problema ético, ni un conflicto, dijo en entrevista telefónica. Afirmó que trabaja desde hace años en derechos humanos, no sabe por qué la eligieron sobre candidatos con más apoyos y no cree que tenga que ver con su trabajo en Gobernación.

“Me mandaron (a CEAV) para recabar información y estar al pendiente del proceso de transición”, dijo desde la extensión del comisionado, a donde llamé para confirmar que despacha allí. Pregunté si el proceso del que está pendiente es el mismo en el que ella es candidata. Respondió que sí, y que “no me parece raro”.

A quienes sí les parece raro es a las víctimas. Obtuve para esta columna dos cartas que enviaron más de 350 colectivos de víctimas y familiares al Senado, entre el 30 de septiembre y el 18 de octubre, quejándose por la forma como se ha elegido la terna de donde saldrá la nueva comisionada.

La primera está firmada por Valentina Peralta, en representación de más de 200 colectivos, víctimas y especialistas. Piden a los senadores que rehagan la composición de la terna, “para que no quede la sombra de la ilegitimidad de un proceso irregular, influenciado por el poder gubernamental”.

“No estamos en contra de una persona, sino de un proceso de simulación. ¿Por qué nos hacen atender a una convocatoria pública si van a poner a quien ellos tenían predeterminada? Hicieron una maniobra bastante burda, creían que no nos íbamos a enterar. Es un proceso viciado”, dijo Peralta para esta columna.

“El proceso de selección dejó grandes dudas sobre la idoneidad de los perfiles”, escribieron en la segunda carta, firmada el 7 de octubre. Carlos Castro, firmante de esta, dijo a esta columna que Haces “no tiene el respaldo de las víctimas”.

Los colectivos no han recibido respuestas a sus cartas. Mientras tanto, el proceso avanza en el Senado, mientras una de las aspirantes ya despacha en el sitio que pretende dirigir.
18 Octubre 2019 04:02:00
¿El fraude bancario que nunca existió?
“Todavía no tenemos tu orden de aprehensión, pero me dijeron en Los Pinos que debíamos detenerte. Te ofrezco un güisqui, puedes dormir aquí en mi oficina”, le dijo el funcionario a Amado Yáñez, director y dueño de Oceanografía, una de las contratistas más importantes de Pemex.

Yáñez asintió. Era la noche del 20 de octubre de 2014. Siete meses antes, la Procuraduría General de la República había intervenido Oceanografía, después de que Banamex anunció en la Bolsa de Valores de México y en la de Nueva York que les habían cometido un fraude millonario.

El poderío de Emilio Lozoya en Pemex estaba al alza. Se negociaban en esos meses los contratos de Oro Negro, que han destapado en los últimos días un escándalo por las grabaciones secretas a exfuncionarios de la petrolera. Pero en aquel momento, el caso que tenía las primeras planas de los periódicos era Oceanografía.

En los meses anteriores y posteriores a la detención, me contó Yáñez cuando lo visité en el Reclusorio Sur, varios enviados quisieron obligarlo a vender su empresa. No aceptó. Todo esto pasaba en Pemex mientras se negociaban los contratos de renta de las plataformas marinas por las que ahora está demandado el Gobierno mexicano. En su conferencia de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador me dijo que su Gobierno investigará la corrupción en la petrolera.

Pero Oro Negro no es el único revés que se vislumbra para el Gobierno mexicano, derivado del mandato de Lozoya. Este jueves se publicó en un tribunal de la Ciudad de México una demanda, que inició Oceanografía contra el banco. Piden que se les paguen más de mil millones de pesos de IVA que supuestamente Banamex retuvo todos estos años. Según el anuncio de aceptación de la demanda, obtenido para esta columna, el banco será notificado en las próximas semanas y tendrán 15 días para responder. Hasta ahora, no han hecho ningún pronunciamiento.

Yáñez estuvo casi tres años en la cárcel, acusado de que firmó estimaciones de pago alteradas. A mediados de septiembre de 2019, peritos de la Procuraduría de la Ciudad de México determinaron que él no firmó esos documentos, según un peritaje obtenido para esta columna. Con ello, ahora el empresario pretende quedar absuelto, en una determinación que su defensa espera para noviembre.

Este caso tiene origen en 2012, cuando Banamex y Oceanografía firmaron un contrato de factoraje. Esto significa que Oceanografía hacía un trabajo para Pemex, lo facturaban, Banamex le adelantaba el dinero a la naviera y luego cobraban a la empresa estatal. Todo operó así hasta 2014, cuando Banamex anunció que había sido víctima de un fraude y que Oceanografía le había hecho perder más de 400 millones de dólares de sus ganancias globales. El Gobierno de Enrique Peña Nieto en apenas unos días intervino la empresa y poco después comenzó un concurso mercantil.

Cuatro meses más tarde, Pemex informó que los 400 millones habían sido pagados a Banamex, en un oficio también obtenido para esta columna. Pero el caso continuó. Años más tarde, el juez del concurso falló a favor de la naviera. Determinó que el banco no había presentado documentos suficientes que avalaran la deuda. Banamex se amparó, el caso llegó a la Suprema Corte y confirmaron: no había un fraude.

En los fajos del expediente del caso, revisados para esta columna, no hay un historial claro de que Banamex anunciara a Oceanografía que le debía dinero o que intentara cobrarle, antes de divulgar en la Bolsa la notificación de que fueron víctimas de fraude. Hasta ahora, la defensa del banco se ha mantenido en la posición de que sí fueron afectados y no han respondido sobre las nuevas evidencias.
11 Octubre 2019 04:16:00
La investigación secreta sobre Medina Mora
El Presidente y luego el Senado aprobaban la renuncia de Eduardo Medina Mora, 11 años antes de que terminara su encargo como ministro en la Suprema Corte. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, anunciaba que habían presentado una denuncia el 30 de julio: lo investigaban por lavado de dinero y seguían las transferencias de una cuenta del ministro en HSBC de México hacia Estados Unidos y Reino Unido..

En realidad, la indagatoria comenzó mucho antes. En la Fiscalía General de la República (FGR), un equipo más discreto lleva al menos seis meses investigando al exministro, según contó para Univisión una fuente de alto rango allí. Esta otra investigación ha estado a cargo de un equipo asignado solo para este caso en la FGR, que ha trabajado en total sigilo, dijo la fuente para el reportaje publicado este jueves en Univisión Investiga.

Esa oficina, explicó la fuente, se concentró en los movimientos de entrada y salida de dinero “que no concuerdan con sus ingresos como servidor público”, desde las cuentas de Medina Mora. Sus análisis abarcan más transferencias de las que publicó en junio El Universal. En este momento, dijo la fuente, en la Fiscalía están en la etapa de “judicializar la carpeta”, es decir, llevarla ante un juez y que comience un proceso legal para que el ministro explique de dónde salió el dinero.

Parte de las investigaciones, tanto esa de la Fiscalía como la que inició después, en Hacienda, se han centrado en Compusoluciones y Asociados, una empresa de la familia del exministro. En junio, cuando El Universal publicó una columna de Salvador García Soto con los primeros datos de las transferencias, Medina Mora publicó en redes de la Corte algo que no consta en el registro público. Escribió en una carta pública que Compusoluciones era una compañía de la que su esposa, Laura Pérez Vázquez, fallecida en febrero de este año, era accionista.

En Univisión Investiga se revisaron los registros públicos de esta empresa que constan en la Secretaría de Economía, de 1985 a 2017. La empresa regularmente otorga y revoca poderes, cambia de funcionarios, mueve a los miembros de su Consejo de Administración. Pero en ninguno de los documentos registrados, Pérez Vázquez aparece como parte de la compañía.

Su fundador y director es el ingeniero José Medina Mora, hermano del exministro y quien anuncia en su cuenta de Twitter que es vicepresidente nacional de Coparmex.

“El ingeniero Medina Mora no se encuentra en este momento. Puede enviarme un correo y nosotros la comunicamos con él”, dijeron en su oficina cuando se llamó para preguntar sobre las transferencias.

Unos minutos más tarde, la encargada de Mercadotecnia de Compusoluciones, una compañía que el ingeniero Medina Mora fundó en abril de 1985, cuando regresó a México después de estudiar en Stanford, anunció que estaba dispuesto a hablar para el reportaje que se preparaba en Univisión, pero en ese momento abordaba un vuelo.

“Le llamará más tarde, cuando haga una escala. Ya tiene su número”, dijo.

Pasaron las horas, los días, y Medina Mora nunca llamó. La encargada de Mercadotecnia dejó de responder llamadas y mensajes. El ahora exministro tampoco ha querido hablar. Se negó a través de Comunicación Social de la Corte a responder a las preguntas para el reportaje de Univisión.

Más allá de la discusión sobre las presiones políticas, o la posibilidad que se abre con su renuncia para un mayor control de la Corte desde Palacio Nacional, falta mucho por ver sobre qué camino judicial andará esa investigación secreta de la Fiscalía General sobre el exministro, si prospera.

Con 32 años y experta en temas de seguridad, corrupción, derechos humanos y migración, ha sido colaboradora de varios medios, tanto impresos como digitales. Además de su espacio en El Universal, la periodista expresa sus opiniones a través de su cuenta de Twitter @penileyramirez, en donde suele tener interacción con sus lectores.


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