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Federico Muller
Federico Muller
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14 Agosto 2020 04:08:00
El costo de la democracia en el país
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Uno de los temas más controvertidos en la política nacional, históricamente ha sido el del financiamiento público a los institutos políticos, pero ahora la discusión adquiere dimensiones más dramáticas, por la debacle que atraviesa la economía mexicana, incluido el sector Gobierno, cuyo gasto no logra cubrir las necesidades más sentidas de la población, entre ellas las escasas  oportunidades de empleo digno para los jóvenes recién egresados de las universidades públicas, las licenciaturas o posgrados al parecer no son el vehículo, más digno, para la movilidad social, particularmente para aquellos estudiantes graduados, que logran estudios gracias a su cultura del esfuerzo.

Si se contrasta el gasto público que se destina al financiamiento de la política con el educativo, y los cálculos se hacen per cápita, es decir la cantidad de recursos que corresponden a cada uno de los beneficiados “políticamente” (integrantes de los comités y números de proveedores) con el número de alumnos inscritos, el monto que resulta es menos asimétrico, que cuando se hace comparando el presupuesto en educación pública con el financiamiento para mantener la democracia en este país. Los objetivos de ambos sectores han sido loables, y hasta pueden llegar a ser complementarios, pero la realidad muestra que no ha sido así. Argumentos que se han utilizado para tratar de justificar lo oneroso de los procesos electorales.

El INE imparcial e insensible

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en 2020 el monto asignado para el financiamiento partidista ascendió a 5 239 millones de pesos que cubría el presupuesto de los partidos políticos y las candidaturas independientes, y oh sorpresa, para el próximo año (2021), subirá a 7,200 millones de pesos, un nada despreciable aumento de 37 por ciento. El INE, se defiende sobre la magnitud del monto, diciendo que no pueden oponerse a un mandato constitucional (artículo 41), el ente electoral, solamente aplica el artificio matemático (fórmula), y lo distribuye como corresponde; las prerrogativas electorales están por encima de las paupérrimas condiciones económicas que vive la población agudizadas por la pandemia de Covid-19.

El árbitro electoral, no es sensible solamente aplica la ley, quizá el espíritu de la misma,  es incorrecto políticamente analizarlo, y en base a ello, elaborar propuestas para enviarlas al Congreso de la Unión, para que replantee esa “formulita”, o al menos los criterios que se utilizaron para su creación.

El costo del sufragio y la ‘narco-política’

El costo que tiene el voto electoral en México, es oneroso, si se compara con el de otros países económicamente similares al nuestro. De acuerdo con la incipiente cultura que se tiene sobre la democracia, que históricamente ha sido manipulada, y orientada a intereses de clase o grupo, sigue privando la desconfianza y/o apatía entre la población en edad de votar en los procesos electorales, lo que se refleja en los altos índices de abstención que aparecen en cada elección para elegir algún candidato a un puesto político, lo que desluce y encarece todavía más los sufragios; es común escuchar comentarios de algunos grupos de la política, con determinados intereses, que se oponen a rebajas en el costo de la democracia, arguyendo que la limitante de recursos de los partidos políticos puede orillarlos a recurrir a fuentes de financiamiento proscritas por la ley, grupos que exigirán canonjías, al candidato electo, una vez que asuma el poder.

Sin embargo, este argumento es muy endeble, por las experiencias tenidas, pues, aunque las campañas políticas hayan sido sin patrocinio de dinero “sucio”, el control del crimen organizado sigue creciendo en más regiones del país.                 


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